En virtud de aquella norma, Isabel II fue jurada como princesa de Asturias en 1833 y proclamada reina al morir su padre en aquel mismo año; sin embargo, su tío Carlos María Isidro no reconoció la legitimidad de esta sucesión, reclamando su derecho al Trono en virtud de la legislación anterior y desencadenando con esta actitud la Primera Guerra Carlista (1833-40).
Isabel II de España En consecuencia, llamó al gobierno a los liberales y aceptó el régimen semiconstitucional del Estatuto Real (1834); la presión de los liberales más avanzados le obligaría luego a admitir la nacionalización de los bienes de la Iglesia (desamortización de Mendizábal) y el establecimiento de un régimen propiamente liberal (Constitución de 1837). Entretanto, la suerte de las armas fue favorable para la causa de Isabel, pues los ejércitos de Espartero consiguieron imponerse a los carlistas en el frente del Norte (Convenio de Vergara de 1839) y en el Maestrazgo (derrota de Cabrera en 1840).
En aquel mismo año, sin embargo, María Cristina fue apartada de la Regencia y expulsada de España, desacreditada por su matrimonio morganático y por su actitud reacia al liberalismo progresista; el propio general Espartero le sucedió como regente en 1841. Por entonces se habían decantado ya las dos corrientes en las que se dividió la «familia» liberal: el partido moderado (conservador) y el partido progresista (liberal avanzado).
Después de tres años de Regencia de Espartero y de consiguiente predominio político de los progresistas, en 1843 fue derrocado el regente por un movimiento en el que participaron moderados y progresistas descontentos (1843); para evitar una nueva Regencia, se decidió adelantar la mayoría de edad de Isabel II, quien comenzó, por tanto, su reinado personal con sólo 13 años. Una maniobra de los moderados completó la operación apartando del poder al progresista Olózaga bajo la acusación de haber forzado la voluntad de la reina niña.En lo sucesivo, Isabel II inclinaría sistemáticamente sus preferencias políticas hacia los moderados, incumpliendo su papel arbitral de reina constitucional al llamar a formar gobierno siempre al mismo partido, lo cual obligó a los progresistas a recurrir a la fuerza para tener opción de gobernar; por esa razón se sucedieron los pronunciamientos, mecanismo de insurrección militar, frecuentemente combinada con algaradas callejeras, para forzar un cambio político.
La ignorancia y candidez de Isabel II se complicaron con su insatisfacción sexual, fruto del desgraciado matrimonio que le arreglaron a los 16 años con su primo Francisco de Asís; una sucesión de amantes reales adquirieron influencia sobre las decisiones de la Corona, al tiempo que confesores y consejeros aprovechaban el sentimiento de culpabilidad y los accesos religiosos de la reina para hacer sentir también su influencia. Isabel II se rodeó así de una «camarilla» palaciega con influencia política extraconstitucional, causa adicional de su descrédito ante el pueblo y la opinión liberal.
Desde el comienzo de su reinado, Isabel II inauguró esta tónica al amparar diez años de gobierno ininterrumpido de los moderados (la «Década Moderada» de 1844-54), en los que el poder estuvo dominado por el general Narváez. Este predominio moderado se plasmó en una nueva Constitución en 1845, en la que el poder de la Corona quedaba reforzado frente a los órganos de representación nacional; y también en toda una serie de leyes importantes que conformaron el modelo de Estado liberal en España en una versión muy conservadora; este giro permitió restablecer las relaciones con el Papado, que reconoció a Isabel II como reina legítima en 1845.
El descontento de los liberales acabó por provocar una revolución que dio paso a un «Bienio Progresista» (1854-56), marcado de nuevo por la influencia de Espartero. Pero una nueva sublevación militar restableció la situación conservadora, abriendo un periodo de alternancia entre los moderados de Narváez y un tercer partido de corte centrista liderado por el general O'Donnell (la Unión Liberal). Los progresistas, excluidos del poder, se inclinaron otra vez por la vía insurreccional, que prepararon desde el Pacto de Ostende de 1866; pero esta vez exigieron el destronamiento de Isabel, a la que acusaban de intervencionismo partidista y de deslealtad hacia la voluntad nacional.
